UGT traslada a Guy Ryder la situación del derecho de huelga en España

El sindicato hace llegar una carta al Director General de la OIT con los casos de Rubén Ranz y José Manuel Nogales, como ejemplo de la situación de los 300 sindicalistas encausados.

La Unión General de Trabajadores le ha hecho llegar una carta al Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, denunciando el caso de Ruben Ranz y José Manuel Nogales como ejemplo de la situación que atraviesa del ejercicio del derecho de huelga en España.

Con motivo de su visita a nuestro país, el sindicato le expone en una misiva la situación de estos dos compañeros, cuyo juicio es el 21 de junio y para los que se piden 7 años de cárcel para cada uno, y de los 300 sindicalistas encausados por su participación en varias huelgas, a los que se les piden penas administrativas y penales por el ejercicio de un derecho amparado por la Constitución.

Una situación amparada por la «Ley Mordaza» del Gobierno del PP, que utiliza a la Fiscalía para arremeter contra las organizaciones sindicales y conseguir así mermar los derechos de la clase trabajadora de nuestro país con penas insólitas y desproporcionadas. No es justo que esta sociedad tenga que ver cómo los banqueros se apropian de nuestros ahorros o se apropien indebidamente de bienes públicos y la Fiscalía solo pida 4 años de cárcel, mientras que por ejercer un derecho fundamental se pidan hasta 8 años de cárcel. No es justo.

Por ello, UGT reclama la derogación total de esta Ley y del artículo 315.3 del Código Penal, un artículo de la época dictatorial que ha sobrevivido a las diferentes reformas y que nunca se había utilizado hasta la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia de Gobierno.

El sindicato demanda en la carta a la OIT que examine el caso de estos compañeros y recuerda que este organismo ya le dio la razón en la queja formal que interpusieron en el año 2014 UGT y CCOO ante el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo, al constatar que dicho artículo del Código Penal y la aplicación práctica del mismo que ha realizado el Ministerio Fiscal vulnera, y lo sigue haciendo, varios convenios de la OIT relativos al derecho de libertad sindical y de huelga. En este sentido, la OIT señala que se piden sanciones excesivamente elevadas y condenas desproporcionadas sin tener en cuenta la necesidad de proteger un derecho fundamental amparado por la Constitución.