Los sindicatos de Telepizza critican que tuvieran que recurrir a la policía para cerrar la venta al público en Cantabria

El comité de empresa de Telepizza advierte que “si se siguen sin cumplir las medidas de seguridad contra el coronavirus para los trabajadores, especialmente ahora con repartidores y personal de cocina, volveremos a recurrir a la denuncia”.

El comité de empresa de Telepizza en Cantabria ha emitido hoy un comunicado en el que critica que tuviera que recurrir a la policía el pasado sábado para forzar el cierre del servicio de venta al público más allá de las 12 horas, hora límite decretada por las ordenanzas del Gobierno regional, que a partir de esa hora sólo autorizaba la venta a domicilio.

En su comunicado, el órgano sindical denuncia “la actitud temeraria e irresponsable” de la empresa y rechaza que “a día de hoy, los trabajadores siguen sin información sobre las medidas de seguridad a seguir; no disponen de equipos de protección individuales suficientes, sobre todo guantes y gel desinfectante; y no se respeta las distancias recomendadas para evitar la propagación del COVID-19 ni en las cocinas ni en los vestuarios”.

Los sindicatos de Telepizza, que en Cantabria cuenta con una plantilla de unos 300 de trabajadores distribuidos 7 establecimientos propios y 4 franquicias, recuerdan que el supervisor de zona en la región incumplió ya desde el viernes 13 de marzo un comunicado interno en el que se ordenaba el cierre provisional de todos los establecimientos del país”.

“Se abrió el viernes por la noche por indicación expresa del supervisor de Cantabria y al día siguiente la propia empresa dio marcha atrás y también ordenó la apertura de todos los establecimientos”, subraya el comité de empresa, que aclara que “al comprobarse que todos ellos estaban abiertos el sábado incluso más allá de las 12 horas estipuladas por el Gobierno de Cantabria, se denunció a la policía hasta que finalmente se interrumpió la venta directa al público”.

“No es admisible que Telepizza obligue al comité de empresa a tener que comprobar centro por centro que se está cumpliendo la normativa legal y las medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 y que, al final, sólo la persuasión de la denuncia a la policía fuerce a respetarlas y a que se implante de una vez por todas el sentido común”.