El Estado, actor económico destacado (empezando con Telefónica)

Que el Estado tenga una participación suficiente en los consejos de administración de determinadas empresas estratégicas puede ser una garantía de estabilidad y viabilidad para usuarios/ clientes, trabajadores y, sobre todo, para la economía y la seguridad de nuestro país.

El principal órgano de representación de las grandes corporaciones españolas está preocupado. Piensan que la nueva entidad pública de futura creación, la SETT (Sociedad Española de Transformación Tecnológica), permitirá al Estado un mayor intervencionismo en el sector privado. El diario ABC lo recoge así en su edición de hoy: “Los empresarios advierten: La SEPI digital disparará el intervencionismo y alterará el mercado”.

Es verdad que los ciudadanos estamos acostumbrados a declaraciones y valoraciones algo maximalistas, y a veces alarmistas, en las que se pinta el panorama a brochazos, dejando el trazo fino para aquellos que se tomen la molestia y el tiempo de acudir a verdaderos analistas, que también escriben en algunos periódicos, de manera pormenorizada y precisa.

Por el interés general

Como no soy analista, ni lo pretendo, voy a coger la brocha gorda, como ha hecho la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), y a desgranar sus planteamientos para tranquilidad de todos (incluso de ellos) porque de no atender al contexto, podría pensarse que estamos en algún régimen totalitario en el que el Estado interviene en la economía de manera caprichosa y abusando de su posición, no ya de dominio sino de absoluto privilegio.

Quiero pensar, como ciudadano, que muchos de nuestros grandes empresarios -en el sentido de que comandan grandes empresas, multinacionales cotizadas en el IBEX 35- no comparten la opinión abrupta de CEOE en los términos expuestos. Por una razón evidente: que el Estado tenga una participación suficiente en los consejos de administración de determinadas empresas estratégicas puede ser una garantía de estabilidad y viabilidad para usuarios/ clientes, trabajadores y, sobre todo, para la economía y la seguridad de nuestro país, España. Porque ser patriota no es una cuestión de banderas ni pulseras, sino de lealtades. Y el Gobierno y el Estado deben ser leales con el bienestar de sus ciudadanos. Y para garantizar ese bienestar es bueno que tengan capacidad real para proteger la estabilidad de empresas españolas que operan en sectores como el tecnológico, las comunicaciones o el energético, garantizando así que no van a caer en manos de terceros con intereses que poco, o nada, tienen que ver con los de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Caso Telefónica: el origen

Porque lo que pretende hacer el Gobierno, de entrada, es reforzar la posición del Estado en Telefónica, a propósito del “asalto” -que tantas alarmas activó- de la empresa estatal de telecomunicaciones STC, propiedad de Arabia Saudí, que reforzó su posición de forma notable en el accionariado de la española. Así lo tituló el diario económico Cinco Días, el pasado mes de septiembre: “Saudi Telecom compra el 9,9% de Telefónica por 2.100 millones y se convierte en el primer accionista”.

Pero la cosa no debe quedar ahí, porque el caso de Telefónica responde a unas razones casi de seguridad nacional e interés general. A partir de esta primera iniciativa, y a través de la futura SETT y la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), el Estado debe ir más allá, garantizando que, en determinadas coyunturas económicas -esas crisis cíclicas que resultan siempre perjudiciales para los colectivos sociales más vulnerables y beneficiosas para los económicamente privilegiados- no se produce un abuso en precios por parte de grandes corporaciones que controlan los suministros energéticos, por ejemplo. Este es el Estado que nos merecemos si nos consideramos una verdadera democracia avanzada. Es a este modelo hacia el que debemos avanzar, no solo en España sino en Europa.

Una economía socialmente justa

Por tanto, la idea del libre mercado que se autorregula debe quedar, de una vez por todas, desechada. Ha quedado demostrado que el mercado tiene tendencia a autorregularse siempre en beneficio de los poderes económicos. Es decir, no busca garantizar el bienestar de la mayoría de ciudadanos. Dicho lo cual, la tesis del Estado como actor destacado en la economía -y no mero regulador- aporta un segundo beneficio.

Esta segunda parte del porqué un Estado debe participar, sin complejos, en consejos de administración de empresas estratégicas puede ser motivo de inquietud entre algunos grupos de presión. Quizás porque, entonces, algunas de esas grandes empresas -y muchas de las medianas y pequeñas- no podrán “sobrebeneficiarse” de un contexto de inflación disparada, sumado a un aumento de tipos de interés irracional que riega de beneficios a las entidades financieras y empobrece a una sociedad que ve cómo su poder adquisitivo, sus salarios, nunca crecerán al ritmo de los precios. ¿Les suena de algo?