El fondo RH Spania adquiere el 100% de las participaciones sociales de las empresas de seguridad privada y servicios auxiliares del Grupo INV

La compra de INV Servicios integrales, INV Prestadora de servicios e INV Servicios integrales de control y supervisión por parte del Fondo RH, garantiza en primera instancia el mantenimiento del empleo de aproximadamente 2.000 personas trabajadoras entre vigilantes de seguridad y auxiliares de servicios.

Para el Sindicato Federal de Seguridad privada y Servicios Auxiliares de FESMC UGT la compra de varias empresas de INV por parte de un grupo inversor merece ser valorada desde dos ámbitos. En primer lugar, la compra debe garantizar la continuidad en el empleo de las personas trabajadoras vinculadas a las mencionadas empresas por lo cual esta situación en primera instancia es valorada en forma positiva por el Sindicato.

La ampliación del capital fruto de la adquisición cifrada en 10 millones de euros para el Sindicato será efectiva siempre y cuando sea capaz de generar la certidumbre económica suficiente que garantice el mantenimiento de la Mercantil en su actividad y por ende la consolidación de los puestos de trabajo, situación argumentada por RH en el momento de formalizar la compra.

En segundo lugar, para UGT la adquisición de ciertas empresas por distintos fondos, así como la actividad comercial de un número significativo de empresas basado en el bajo precio y en el escaso valor añadido, pone en riesgo la propia empleabilidad del sector así como dista enormemente de lo que debe ser una actividad complementaria de la seguridad pública y que merece la consolidación de un tejido empresarial capaz de actuar desde la calidad de sus respectivos servicios así como desde el cumplimiento y mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas del conjunto del sector y de sus respectivas plantillas.

Para UGT es fundamental avanzar hacia un modelo sostenible en la seguridad privada y servicios auxiliares en nuestro país como elemento de anticipación al cambio tecnológico que se verá incrementado en los próximos años que debe erradicar de la actividad a todas aquellas empresas con comportamientos desleales con las condiciones de sus plantillas y con el conjunto del sector.