Los intangibles de la democracia y el diálogo social

Quousque tandem abutere, Casado, ¿patientia nostra?

La frase con la que se abre este artículo es una paráfrasis de aquella con la que Cicerón abría la Primera Catilinaria. ¿Hasta cuándo, Casado, abusarás de nuestra paciencia?

Cicerón acusaba a Catilina de buscar el poder absoluto y de traición a Roma. Lo primero no es fácil que Casado lo pueda lograr en el mundo actual, afortunadamente para el resto de sus conciudadanos. Lo segundo, lamentablemente, comienza a ser imagen de marca de su forma de entender la política. Casado ha resultado ser la encarnación de aquella terrible frase de Montoro (Cristóbal) “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. El problema es que, entonces, enunciaba un insensato deseo. Hoy, Casado, parece dispuesto a poner todos los medios a su alcance para intentar conseguirlo.

Nadie, demócrata, pone en cuestión la posición del Parlamento, como receptor de la soberanía popular. Nadie discute que es el Parlamento quien dispone de la capacidad de aprobar leyes. Y la reforma laboral, recientemente acordada a partir del diálogo social tripartito, debe concretarse en cambios normativos. Debe ser aprobada.

Cuál deba ser la respuesta del Parlamento en la materialización de los acuerdos emanados del diálogo social, forma parte de esos intangibles de la democracia a los que se refiere el título de este artículo. Que el Parlamento puede, formalmente, modificar lo pactado, no tiene ninguna duda. Que el Parlamento deba hacerlo, es otra cosa. Desde luego, hubo un tiempo en que Las Cortes se autolimitaban al respecto. En que respetaban, fielmente, el resultado del diálogo social.

En esta ocasión, al parecer, de nada vale que la propuesta haya sido aprobada en dialogo social tripartito. De nada vale que suponga una novedad respecto de lo que venían siendo las anteriores reformas laborales que se llegaron a aprobar por decreto. De nada vale que las promesas con las que se aprobó la anterior reforma hayan resultado falsas[1].  Nada más hay que consultar hoy la nota de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se aprobó aquella reforma laboral https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/paginas/enlaces/100212-enlacereformalaboral.aspx

¿Dónde está la creación de empleo estable cuanto antes? ¿Dónde el empleo de calidad? ¿En qué quedó la generación de oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes y los parados de larga duración?…podría seguir.

Pues bien, esa reforma de presunto éxito es la que quiere recuperar el Sr. Casado, contra viento y marea. Esa que, dicen ahora, ha permitido los ERTES. Los ERTES que ellos se negaron a aplicar en la anterior crisis económica. En la UGT bien lo sabemos, ya que recibimos sistemáticamente su negativa por respuesta.

Pero no es exactamente esa la perspectiva que hoy quiere adoptar este escrito. La cuestión que aquí se quiere formular es, ¿realmente puede el primer partido de la oposición enfrentarse de modo frontal a una reforma que nace del diálogo social?

Quizás se necesario recordar que en el artículo 7 de la Constitución, esa de la que en ocasiones parecen creerse propietarios, no solo se establece la libertad de creación y de ejercicio de las actividades sindicales, sino que, previamente, se ha afirmado que “sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.” Referencia que, a mi juicio, coloca a sindicatos y a asociaciones empresariales como uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho que se enuncia en el artículo 1.

Es decir, cuando sindicatos, patronal y Gobierno, conciertan, no se trata de un club de amigos que se reúne para hablar de sus cosas. Se trata de actores reconocidos por la Constitución, ejerciendo la labor que ésta les encomienda. Y si esa labor llega a buen término, como poco, merece una respuesta contenida y respetuosa.

Pero aquí, no. Aquí la negativa ha precedido incluso a la existencia de acuerdo. Según el Sr. Casado, empresarios, sindicatos y Gobierno no saben nada de esto. Quien lo sabe es él que reivindica el modelo que acabó con la vida laboral de decenas de miles de personas cuando aún les faltaban entre 10 y 15 años para jubilarse. Quien lo sabe es el Sr. Casado, que reivindica un modelo que permite que personas con 35 años, o más, ni siquiera atisben un empleo estable. Quien lo sabe es el Sr. Casado, que reivindica un modelo que hace que los mileuristas sean ya un oscuro objeto de deseo. Quien lo sabe es el Sr. Casado, que reivindica un modelo que hace que los jóvenes no puedan contar con posibilidades de jubilación y no porque el sistema sea o no sostenible, sino porque lo que es insostenible es su vida de cotización, en cuantía y en tiempo. Quien lo sabe es el Sr Casado, que defiende un sistema que expulsó fuera de España, por falta de perspectivas, a decenas de miles de jóvenes formados y aún tuvieron la osadía de decir que así conocían mundo.

Y puesto que Sr. Casado sabe tantas cosas, ya ha anunciado que ante la eventualidad de salir derrotado en Las Cortes, puede acudir a las instituciones europeas para denunciar a su país. Puesto que tanto sabe, quizás nos pueda ilustrar sobre si semejante conducta cuenta con precedentes. Si ha habido algún partido de oposición que se ha atrevido a cuestionar en el ámbito de la Unión los acuerdos de concertación social de su país.

Y, por cierto, de lo que no es seguro que sepa el Sr. Casado es de trabajar al margen de lo que su mentora llamaría, ‘mamandurrias’. A no ser que otorguemos validez a esos dos meses, que aparecen y desaparecen de sus distintos curricula, de servicios en el Departamento Jurídico (Banca Privada Internacional) del Banco de Santander en su sede en Ginebra (Suiza), cuando aún le faltaban cuatro años para finalizar sus, no menos ‘mamandurrios’, estudios de Derecho.