Apostar por la inclusión de las personas con discapacidad en España

Más de mil millones de personas sufren algún tipo de discapacidad en el mundo, esto es, 1 de cada 7 personas tiene una discapacidad. Las personas con discapacidad suponen la minoría más amplia de un colectivo en el mundo. En España, son 4 millones las personas con discapacidad, esto supone el 9% de la población, de las que el 60% son mujeres y niñas. Así, en nuestro país en 1 de cada 5 hogares hay una persona con discapacidad.

Como cada 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde que Naciones Unidas en 1992 instaura esta fecha con el objetivo de aunar esfuerzos en pro de la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con cualquier tipo de discapacidad. En esta fecha ponemos el foco en combatir la situación de exclusión de las personas con discapacidad en España, apostando firmemente por la inclusión en todos los ámbitos. Las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso al que la sociedad ha mantenido de forma sistemática en condiciones de exclusión social, situación que ha venido a agravar la pandemia del Covid-19. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades, condicionando y obstaculizando su desarrollo personal y el disfrute de los recursos y servicios que sí están disponibles para el resto de la población. Por ello, las políticas públicas deben ir orientadas a garantizar el pleno y efectivo disfrute del ejercicio de sus derechos fundamentales y acceso a bienes y servicios en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía.

 Actualmente en España, 1.876.900 personas con discapacidad se encuentran en edad de trabajar (pcd entre 16 y los 64 años), lo que representa el 6,2% de toda la población, pero la tasa de actividad de la población con discapacidad es del 34% (638.600 personas activas de las que solo 485.000 están ocupadas), es decir, más de 1,2 millones de personas con discapacidad están fuera del mercado laboral.

Desde FeSMC-UGT reivindicamos que el diálogo social debe ser la fórmula para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad y, en este sentido, reclamamos que se acometa la actualización del marco normativo del empleo de las personas con discapacidad, acomodándose toda la normativa laboral a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, se hace necesario rediseñar políticas activas de empleo tendentes a garantizar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, intensificándose, fundamentalmente para los colectivos de mayores dificultades de inserción laboral (discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo, parálisis cerebral, discapacidad psicosocial, discapacidad sensorial grave) y para las mujeres con discapacidad, apostando por un modelo laboral que garantice un marco equitativo respecto de las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras con discapacidad, evitando cualquier “fórmula proteccionista” que posibilite la degradación de sus salarios o condiciones laborales.

Discriminación de mujeres y niñas

Resulta esencial prestar especial atención a la discriminación interseccional de las mujeres y niñas con discapacidad, que sufren en mayor medida la vulneración de derechos, situación que se recrudece al ser invisibilizadas en todas las estadísticas, también en las estadísticas de género. Las mujeres con discapacidad presentan mayores tasas de inactividad, mayor brecha salarial, mayores dificultades en el acceso a la educación y a la formación, se les cercena su derecho a decidir sobre su capacidad reproductiva, y se encuentran en una situación de mayor riesgo de ser agredidas y violentadas.

Atender y promover los derechos de las personas con discapacidad desde la acción sindical en general y la negociación colectiva en particular debe ser una prioridad para UGT. Como sindicato debemos desempeñar un papel clave en la lucha a favor de la igualdad y en contra de las distintas formas de discriminación, a través de la representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad en las empresas mediante la negociación colectiva o la acción institucional. Nuestra actuación sindical, respecto de las personas con discapacidad, debe dirigirse a atender y promover el acceso al empleo, el mantenimiento del empleo y el desarrollo profesional y a la mejora de las condiciones laborales de las personas con discapacidad.

Así, en el contexto actual, se hace más necesario que nunca culminar el proceso de reforma y modernización de la Constitución, con la modificación del artículo 49, devolviendo una deuda que como sociedad tenemos con las personas con discapacidad. Es necesario eliminar cualquier referencia peyorativa a las personas con discapacidad, incorporando el enfoque de derechos humanos, la defensa de la inclusión y la vida independiente, la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo al texto constitucional. No hay excusas para no garantizar el respeto y la dignidad que las personas con discapacidad merecen. Esta modificación del texto constitucional es una cuestión de decencia y justicia social.