Fortalezas y debilidades de una sociedad hacia la reconstrucción

El COVID-19 ha puesto al descubierto las debilidades y fortalezas de nuestra sociedad. En las fortalezas destaca la gran labor de los trabajadores y trabajadoras; a la cabeza, el personal que presta servicio en hospitales y centros de salud: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras… así como la de quienes trabajan en los demás servicios esenciales: agricultura, transporte, supermercados y otros sectores entre los que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras, las compañías de seguros, de prevención de riesgos, de contact center, la consultoría informática, la ingeniería…

Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores han llevado a cabo su labor con gran escasez de medios de protección; en los primeros días del estado de alarma prácticamente sin protección. Aún hoy no se puede hablar de que, en los centros de trabajo, haya una dotación suficiente de medios para la protección y prevención frente al coronavirus. La protección de los compañeros y compañeras ha sido el caballo de batalla de los sindicalistas: otro colectivo esencial. Además de velar porque la avalancha de ERTEs se ajusta a la legalidad y negociar las mejores condiciones para los trabajadores, hemos estado exigiendo que dichos elementos de prevención se facilitasen con agilidad y en cantidad suficiente.

La capacidad de disciplina y adaptación de la gran mayoría de la sociedad para acatar el confinamiento y el distanciamiento de nuestras familias y amigos, única herramienta en la actualidad para frenar al virus, es otra gran fortaleza, tanto que podría calificarse de ejemplar.

En el lado de las debilidades, hemos descubierto que no estamos preparados para el ataque de un nuevo virus, como no estuvimos preparados para los estallidos de burbujas financieras e inmobiliarias.

El camino hacia la reconstrucción

La sanidad está absolutamente volcada en paliar los efectos del coronavirus y, aun así, no se han podido evitar las 27.650 muertes que el COVID-19 se ha cobrado: datos a 16 de mayo. El sistema público de salud está colapsado; en unas semanas veremos a qué fecha se trasladan las citas médicas o las intervenciones quirúrgicas no urgentes que han quedado en suspenso, y eso contando que no se produzca una nueva ola de contagios que, según los expertos, llegará.

En el plano financiero, se ha agrandado la dependencia que sufre el ICO (Instituto de Crédito Oficial) respecto de las entidades financieras privadas. Hay dificultades para hacer llegar de forma rápida y eficaz las líneas de crédito que lanza, poniéndose en evidencia, una vez más, la necesidad de un polo de banca pública, algo que venimos defendiendo en UGT desde hace años.

Es gracias al intenso trabajo llevado a cabo por los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras que el objetivo del Gobierno se está realizando, es por ello que autónomos y microempresas están pudiendo acceder a la financiación.

Vuelta a las aulas

El sistema educativo está paralizado, lógicamente. Pero en tiempos de desescalada se genera un problema que impide conciliar la vida personal y la laboral. En España hay más de 3 millones de niños entre 6 y 14 años. La solución que se ofrece a los trabajadores y trabajadoras es que: tomen vacaciones, pidan una excedencia, reduzcan su jornada…Todas son medidas que van contra “la cuenta de resultados del trabajador”.

Si en la fase 1 de desescalada se pueden reunir grupos de 10 personas, guardando la distancia mínima de 2 metros, parece razonable que en la fase 2 o en la 3, grupos de 15 niños y niñas pudieran volver a las aulas, guardando la distancia mínima de 2 metros y con las restricciones que establecieran las autoridades sanitarias. Pero el problema de llevar a cabo un retorno a las aulas no está en las medidas sanitarias, está en la escasez de profesorado para desdoblar los grupos de alumnos y en la escasez de espacio para acoger dicho desdoble. Es decir, que esa ratio que el informe PISA nos señalaba como deseable de 15 alumnos/as por aula, ahora no es solo un indicador de calidad de la enseñanza sino un requisito para que pueda haber enseñanza con las medidas de protección necesarias.

La reconstrucción de nuestro país no se puede abordar a golpe de bonificaciones y exenciones a las empresas, ni flexibilizando las condiciones de trabajo ni abaratando el despido, ni… como ocurrió en la crisis financiera de 2008. Hay que invertir en los sistemas públicos: en el sanitario, el educativo, el de la dependencia –tener en palmitas a nuestros mayores no es solo ponerles bancos para que se sienten en los parques, como propone de manera simplista la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Conciliación, pero de verdad

La conciliación no puede ser un concepto decorativo, ni un deseo o una buena voluntad expresada en un texto. Necesitamos poder conciliar la vida laboral y la personal, pero de verdad. Y eso solo será posible con una legislación que la garantice –la que hay es insuficiente–, con unos convenios colectivos sectoriales que la ajusten a las condiciones propias de cada sector (recordar que lleva mucho tiempo siendo urgente la derogación de la reforma laboral, en particular la hegemonía del convenio de empresa sobre el de sector). La inversión social, que dé soporte a los trabajadores y trabajadoras en su condición de padres y madres ayudará a reconstruir económicamente nuestro país.

Alertamos desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT que todo no se resuelve con el teletrabajo, pues parece ser que los empresarios han descubierto ahí un nuevo filón de productividad: trasladan costes de suministros e instalaciones a sus trabajadores y estos, a nombre de que están en su casa, se olvidan de la jornada y el horario que tienen establecido en su contrato individual y en el colectivo (el convenio).

Es evidente que el binomio pandemia-digitalización va a dar como resultado un incremento notable del teletrabajo, pero eso habrá que regularlo legal y convencionalmente; no vale todo. Hay que pensar en los costes económicos para los trabajadores y también en los riesgos sicosociales del teletrabajo, en el distanciamiento del centro de trabajo y el entorno laboral.

La digitalización y el teletrabajo no pueden traducirse solo en beneficio empresarial, tiene que redundar en mejora de la calidad de vida y de la salud de toda la sociedad; de los trabajadores y las trabajadoras, también.