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Roberto Tornamira | Sº Federal del Sector Financiero, Seguros y Oficinas
El Estado necesita banca pública
Roberto Tornamira | Sº Federal del Sector Financiero, Seguros y Oficinas / 04/03/2020
Desde hace ya mucho tiempo que, alguno lo venimos diciendo y argumentando (1) y el 42º Congreso de la UGT lo defiende en su Programa de Acción (2, el Estado necesita banca pública.
Lo dicen también dos referentes mundiales de la Economía: Paul Krugman (premio Nobel de Economía 2008), y Joseph E. Stiglitz (premio Nobel de Economía 2001), quienes en sendas entrevistas para eldiario.es, los días (18/2/2020) y (22/2/2020) respectivamente, se han posicionado a favor de la banca pública como herramienta del Estado.
La banca está en el mismo proceso de concentración que cualquier otro sector estratégico de la economía: energético, alimenticio, logístico… Estamos ante la mayor concentración del capital de los últimos 100 años. La concentración es la salida que el capitalismo, sistema hegemónico, siempre ha visto a sus problemas: concentración equivale a: “el grande se come al chico”.
La diferencia entre el sector financiero y otros sectores de la producción está en que el sector financiero, para su concentración, se ha sido “nutrido” con dinero público. No para beneficiar a la sociedad en su conjunto sino para beneficiar a unos pocos, a los de siempre; en este caso a la crème de la crème de los de siempre.
Ocurrió cuando se intervino Banco Valladolid o Cantábrico en los 70, Banca Catalana en los 80, Banesto en los 90; y se le “regaló” a Banco de Santander. Ha ocurrido en la segunda década del s XXI, cuando se le ha regalado a la banca privada, con financiación a fondo perdido, las antiguas cajas de ahorro. Y ha ocurrido con la expropiación del Banco Popular y posterior entrega al banco de Santander por un solo euro.
Consecuencias sobre el empleo
El problema no está en qué familia de banqueros se beneficia. El problema está en las consecuencias que esta concentración del capital financiero tiene para la mayoría social.
La consecuencia inmediata ha sido la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo, en los últimos 10 años (equivalente a un 30% de la plantilla de 2008). En paralelo, la consecuencia es el cierre de oficinas: unas 20.000 oficinas en los últimos diez años, es decir, más de un 40% de las existentes en 2008.
La resultante, además del empleo perdido, ha sido un avance de la exclusión financiera; un efecto que está contribuyendo notablemente al avance de la “España vaciada”. Pues se ha negado el servicio bancario básico a más del 50% de los municipios del Estado español. Como muy bien detalló el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en 2108 (3).
Tiene razón Paul Krugman cuando defiende (4) la banca pública para los servicios básicos, poniendo como ejemplo la Banca Postal japonesa. Esta idea es coherente con la realidad que vivimos en España desde hace ya tiempo. Hay una necesidad de servicios bancarios básicos; carencia que no solo se sufre en la “España vaciada”. En las grandes ciudades, los clientes no inversores, los que no tenemos capacidad de inversión, es decir la inmensa mayoría, estamos siendo desalojados literalmente de las oficinas bancarias; se nos “invita” a salir al cajero automático o a operar a través de la web.
La banca tiene un servicio cautivo: estamos obligados a pagar los recibos por cuenta corriente, no podemos dar de alta una comunidad de vecinos o una simple asociación cultural o deportiva sin aparejar una cuenta corriente. Ello conlleva muchas veces que es mayor la cuantía que la entidad cobra por el mantenimiento de cuenta que la cuota que un asociado paga anualmente.
Las entidades se hacen las víctimas cuando dicen que les cuesta mucho mantener las cuentas de pasivo; los depósitos a la vista de los clientes. Con ello justifican los cobros de comisiones a cuentas inactivas o poco activas. Pero la gran excusa para la intervención de Banco Popular por parte de la Junta Única de Resolución Bancaria (JUR), dependiente de las instituciones de la Unión Europea, fue precisamente la retirada de depósitos. ¿Si los depósitos no especulativos les dan tantos gastos y problemas, qué ocurriría si los depositantes retirásemos las cuentas a la vista?
Es falso lo que dicen las entidades. Solo quieren empujar a que los pequeños ahorradores inviertan (que arriesguen los ahorros de toda su vida) para así justificar el cobro de comisiones por las gestiones de inversión y para el cobro de dividendos en los fondos de inversión en los que participan las propias entidades financieras.
Servicios bancarios básicos para la ciudadanía
La gran mayoría de la población necesita acceder a servicios bancarios básicos. Una gran mayoría que no quiere ni puede invertir en complejos productos financiaros. Una mayoría a la que, desde hace décadas, se nos ha obligado a domiciliar nuestra vida: la luz, el agua, el gas… y que no tenemos otra opción que una cuenta bancaria para cobrar la pensión de jubilación.
El Estado tiene que garantizar el acceso a estos servicios básicos. Por eso no podemos dejar de estar de acuerdo con Stiglitz cuando defiende (5): la “opción pública”; por ejemplo la posibilidad de que el Estado ofrezca hipotecas y una serie de servicios que impliquen más competencia e innovación, que baje los precios, y que haga más fácil la vida de los ciudadanos.
No es suficiente con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), algo que ha defendido el Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión, pues el ICO no dispone de una red de distribución de crédito, ni de una oferta al por menor de servicios bancarios, como sí dispone Bankia, entidad de la que es propietaria, mayoritariamente, el Estado al ser poseedor de más del 60% tras haber destinado más de 22.000 millones de euros de todos los contribuyentes.
El Estado necesita banca pública para prestar los servicios que las entidades privadas niegan a la mayoría de la sociedad y para defenderse de evidente oligopolio financiero que se ha formado apalancándose con dinero público.
(1):
https://www.fesmcugt.org/2019/03/25/frente-al-oligopolio-financiero-banca-publica-id-13538/
(2):
Programa de Acción aprobado por el 42º Congreso Confederal de 2016. Punto 5: “Fomentar y proteger el autoempleo y la economía social” y punto 6: “Las reestructuraciones empresariales como instrumento para la adaptación a los cambios económicos”.
(3):
http://www.ivie.es/wp-content/uploads/2018/04/NP-Municipios-sin-sucursales-bancarias_18042018.pdf
(4):
https://www.eldiario.es/economia/Paul-Krugman-publica-servicios-basicos_0_997051058.html
(5):
https://www.eldiario.es/economia/Joseph-Stiglitz_0_997401132.html
