UGT rechaza el decreto que integra en Cantabria el transporte público regular de uso general y el de uso especial

UGT ha rechazado hoy el decreto del Gobierno de Cantabria que regulará desde mañana la integración de los servicios de transporte público de viajeros por carretera en las zonas rurales de la región, que entre otros efectos, permitirá que usuarios de esas áreas rurales puedan utilizar el transporte escolar.

El sindicato recuerda que ya presentó en su momento sus alegaciones al decreto gubernamental, en las que reafirmaba su postura de que «aun coincidiendo con la Administración en la necesidad de dar respuesta de transporte colectivo a los habitantes de las zonas más rurales, no podemos compartir el planteamiento de integrar el transporte público regular de uso general en el de uso especial ni el de uso especial en el regular».

Para los departamentos de Transporte y de Enseñanza Pública de UGT en Cantabria, que elaboraron las alegaciones del sindicato al decreto, «la seguridad de los niños y niñas en ningún caso debe ser medida en términos de rentabilidad económica y las administraciones públicas son las responsables de poner en funcionamiento todas las medidas que sean necesarias para garantizar esa seguridad».

En este sentido, el sindicato recuerda que «el propio Ministerio de Educación y la propia Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria exigen a toda persona adulta que va a tener contacto con los menores un certificado de antecedentes por delitos sexuales, por lo que lo lógico es evitar cualquier situación indeseada».

Además, tal y como subrayan los departamentos de Enseñanza Pública y de Transporte de UGT, «el transporte escolar requiere obligatoriamente de una persona adulta que ejerce de monitor o monitora durante el trayecto y que el mismo vehículo sea compartido por adultos y escolares puede generar muchas situaciones de conflicto».

Conflictos previsibles

«Los niños expresan sus emociones y sentimientos de maneras diferentes y estos comportamientos pueden no ser atendidos por las personas adultas, por lo que habría que preguntarse quién tendría la responsabilidad de resolver el conflicto y quién se enfrentaría a la persona adulta si fuera necesario», agrega el sindicato, que confía en que la Consejería de Educación elabore un informe que manifieste «la clara incompatibilidad del decreto con la obligación de protección del menor en el transporte escolar».

UGT añade igualmente que «en otras autonomías y territorios  muy similares al nuestro se da respuesta a esta misma necesidad de la población con otras opciones aceptables, como con el transporte a demanda o el mancomunado por distintas administraciones públicas».