Oportunismo empresarial y precariedad definen el modelo actual de la seguridad privada

El apuñalamiento, el pasado 20 de junio, a un vigilante de seguridad en la Feria de Corpus, en Granada, se une a un número de agresiones sufridas diariamente por el personal de seguridad privada sin que el Gobierno, las empresas y los clientes adopten ningún tipo de decisión que aumente el grado de autoprotección de los vigilantes en el desempeño de sus funciones.

A este hecho se une que, pese a la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Publico, la Administración sigue admitiendo ofertas económicas de empresas que no recogen los costes salariales mínimos plasmados en la negociación colectiva; todo ello unido a la complicidad de un número importante de empresas de seguridad que, pese a esta situación, acuden a este tipo de servicios obteniendo el beneficio empresarial pero incumpliendo las obligaciones con sus plantillas y entrando en prácticas fraudulentas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Lamentablemente estas empresas resultan ser las más beneficiadas en contratos con la administración pública.

El Reglamento de Seguridad Privada, después de 5 años sigue escondido en un cajón donde fue depositado por el Gobierno del PP y no rescatado por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que el reglamentar adecuadamente la actividad del sector de la seguridad privada no es un tema prioritario para el Ejecutivo que sigue estancado en un rancio debate sobre lo público y lo privado, negando la evidencia que concurre en la sociedad que no es otra que la seguridad privada juega un papel complementario a la seguridad pública.

El sector ha perdido la oportunidad de rejuvenecer plantillas debido a un Gobierno Socialista que no amplió el RD del contrato de relevo, faltando a su compromiso social adoptado con la ciudadanía de este país, tampoco contemplando una necesaria jubilación anticipada para un sector que estará afectado por la digitalización.

Además, la sentencia del Supremo sobre la sucesión de empresas pone en peligro la subrogación y, por consiguiente, el mantenimiento del empleo para los vigilantes de seguridad sin que el Ejecutivo afronte una solución al respecto que afecta a trabajadores, empresas y usuarios; ni a una Ley Montoro que impide incrementos de precios durante la ejecución del contrato, dificultando con ello la negociación colectiva en su conjunto, y abocando al colectivo hacia la precariedad laboral.

La seguridad privada en nuestro país requiere un cambio de modelo, estándares de calidad de servicios y garantes de condiciones laborales deben cimentarse en el corto plazo. Formación Profesional como acceso a la actividad, recuperar el contrato de relevo, abordar una jubilación anticipada ante la era tecnológica, un reglamento de seguridad con mayor protección jurídica y con medios de autoprotección suficientes, así como modificar la reforma laboral. Estos son necesidades que el Gobierno debe abordar con urgencia ante un sector que juega un papel complementario con la seguridad pública y que sigue en el olvido y constantemente agredido ante la pasividad de empresas, usuarios y Gobierno.