UGT pide al Gobierno que se revisen las condiciones laborales y de salud de los vigilantes de los CETI

No existe un protocolo de obligado cumplimiento en cuanto a la adecuada vacunación de este colectivo profesional, quedando fuera de cualquier tipo de control médico suficientemente regulado.

El Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMC-UGT ha instado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a revisar las condiciones laborales y de salud de los vigilantes de seguridad de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.

La labor de los vigilantes de los CETI es la custodia de este tipo de instalaciones, lo que implica tener un trato y contacto directo con las personas migrantes alojadas en las citadas dependencias.

En este sentido no existe un protocolo de obligado cumplimiento en cuanto a la adecuada vacunación de este colectivo profesional, quedando fuera de cualquier tipo de control médico suficientemente regulado: una situación anómala que debe ser corregida de forma urgente.

Por ello, UGT ha solicitado al citado Ministerio, competente en la adjudicación de este tipo de servicios, una revisión de sus protocolos que obligue a las empresas de seguridad  a implementar un calendario de vacunación obligatorio para la totalidad de vigilantes que prestan sus servicios en los CETI y otros centros de similares características en todo territorio nacional.

Otra de las peticiones del Sindicato es la aplicación de módulos de formación específicos y de obligada ejecución por parte de las empresas de seguridad para sus profesionales ante este tipo de servicios que requieren de una especial sensibilidad.

También se ha solicitado la equiparación en las condiciones económicas de los vigilantes de seguridad a las de otros colectivos análogos que operan en estos centros y disponen de pluses específicos.

Todos estos aspectos, según UGT, deberían quedar expresamente reflejados por parte del Ministerio en los pliegos de condiciones de los concursos de adjudicación, quedando así las empresas licitantes sometidas al obligado cumplimiento durante la ejecución del contrato.

Por último, UGT ha solicitado reunión con las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla para, desde la proximidad, abordar esta problemática con el objetivo de buscar una solución conjunta y que satisfaga a todas las partes.