UGT muestra su satisfacción por la voluntad del Gobierno de mantener el empleo y la viabilidad de las autopistas R-3 y R-5

UGT comparte que el Gobierno abogue por una solución equilibrada en la que todos los actores implicados asuman su cuota de responsabilidad y propongan soluciones en las que se priorice, siempre, el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores.  

Tras las declaraciones realizadas por el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, a propósito de la situación de quiebra de las autopistas radiales R-3 y R-5, ubicadas en la Comunidad de Madrid, en las que reconocía que el Gobierno asumiría la titularidad y gestión de estas infraestructuras si así lo determinaba el juez, abogando por “una solución equilibrada que garantice el servicio de las vías y los puestos de trabajo”, nuestra Organización quiere hacer las siguientes consideraciones:

• UGT comparte que el Gobierno abogue por una solución equilibrada en la que todos los actores implicados asuman su cuota de responsabilidad y propongan soluciones en las que se priorice, siempre, el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores. No en vano, UGT lleva tiempo defendiendo una “solución equilibrada”.
• Las malas decisiones empresariales o administrativas, la falta de previsión y planificación, o el exceso de optimismo a la hora de emprender un proyecto público-privado en una coyuntura económica concreta que, posteriormente, se puede ver truncada por un cambio de ciclo nunca debe tener como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo.
• Para UGT, la situación de las autopistas de peaje en quiebra no permite posicionamientos frívolos ni demagógicos. Esta es una realidad compleja que requiere de soluciones consensuadas. Ni nos parece válida la opción de socializar pérdidas por una negligente política de infraestructuras, ni poner en riesgo un modelo concesional que debe ofrecer garantías jurídicas a las empresas que invierten en el desarrollo y gestión de infraestructuras.
• El modelo concesional, que atrae inversiones en el ámbito de los servicios y las infraestructuras, contempla un beneficio a largo plazo para las empresas que han cumplido con sus obligaciones contractuales. Ese beneficio, al igual que el perjuicio en caso contrario, debe estar dotado de un consistente marco normativo que ofrezca seguridad jurídica. Por eso mismo, no valen soluciones de conjunto: se impone un análisis individualizado, caso por caso, que defina la mejor solución de forma independiente y, una vez más, priorizando siempre a los trabajadores y trabajadoras.