La Dirección Xeral de Mobilidade provoca la destrucción del transporte público de viajeros por carretera en Galicia

La Xunta de Galicia pone en marcha un plan para reducir más de 500 puestos de trabajo en el sector del transporte de viajeros en Galicia.

Las grandes planificaciones no son un juego, y la del transporte de viajeros por carretera en Galicia no lo es menos. Hacen falta conocimientos del sector, seguridad a la hora de tomar decisiones, visión general y sobre todo, mucha competencia. Este desempeño resulta primordial a la hora de desarrollar las directrices legales que codifiquen el entramado del transporte, resultando un marco concesional equilibrado con la demanda de servicios en Galicia.

Nuestro gobierno autonómico, por medio de la Dirección Xeral de Mobilidade, se ha encaprichado en no ver, no oír y no hablar. Tras el desarrollo y puesta en funcionamiento de la ilegalizada (por el Tribunal Supremo) Ley 5/2009, de medidas urgentes para la modernización del sector del transporte público en Galicia, que ha provocado un desajuste generalizado en el transporte, no solo no han escuchado a las organizaciones sindicales, partidos políticos y patronal, en las cuales tenían un fuerte apoyo técnico y de las cuales han emanado propuestas, sino que la han vuelto a liar.

La nueva criatura se llama Ley 10/2016, de medidas urgentes para la actualización del sistema de transporte público de Galicia, en la cual no se han visto reflejadas ninguna de la propuestas e iniciativas que la oposición, sindicatos y patronal les han hecho llegar y como resultado de esto, más de 500 puestos de trabajo en toda Galicia y la viabilidad sostenible del transporte público de viajeros por carretera se ven críticamente comprometidos. Muchas empresas del sector se han visto, obligadas por la Administración, a desistir en la explotación de unas concesiones caducadas y por encima, tras la aplicación de la Ley 10/2016, mucho más costosas. Más de la mitad de estas concesiones se dejarán de explotar y los usuarios quedarán sin servicio de transporte. Por ejemplo, en la provincia de Ourense, han quedado desiertas el 100% de las concesiones.

Galicia, al igual que el resto de territorio nacional, no va muy sobrada de puestos de trabajo ni de liquidez económica en las arcas públicas. Pues bien, los despropósitos y sinsentidos de la Xunta de Galicia en este ámbito, avalan la destrucción de más de 500 puestos de trabajo directos y un 20% adicional indirectos, lo que afectará a más de 2.500 personas en una Galicia sumida aún en una grave crisis socio-económica. Cabe señalar, por otro lado, que una superficial aplicación de la nueva Ley 10/2016 desencadenará que los desequilibrios económicos en las concesiones, que han sido provocados por el desinterés y negligencia por parte de la Xunta de Galicia, sean compensados con dinero público.

Dicho de otro modo; los palos de ciego que provienen de la Dirección Xeral de Mobilidade, los pagarán las familias gallegas perdiendo sus puestos de trabajo y las arcas públicas, pues en base a la citada Ley tendrán que compensar a las empresas por unos desequilibrios económicos creados por el Gobierno de la Xunta. Todo un despropósito, y no se trata de una lectura parcial ni partidista, sino una lectura de la propia Ley 10/2016, que nace fruto de los sinsentidos llevados a cabo por la Xunta de Galicia (y su mayoría absoluta parlamentaria), en materia de transporte de viajeros por carretera.

Está claro que esta nueva Ley, al igual que la anteriormente anulada por el Tribunal Supremo, no ayuda al transporte de viajeros por carretera, no ayuda a los usuarios del servicio, ni a los trabajadores del sector y menos aún, a las arcas públicas, que se verán seriamente afectadas.

Se necesita un cambio.