ELA impugna el Convenio Colectivo Estatal de Restauración Social, cuestionando el sistema laboral amparado por la constitución

ELA, quién cuenta con legitimación para estar presente en este espacio de negociación, trasladando sus propuestas, renuncie a participar en el mismo  en una clara manifestación de que le interesa más mantener un planteamiento político predeterminado que atender a los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

El sindicato ELA, que tiene en su haber el triste mérito  de que allí donde ostenta la mayoría apuesta claramente por la eliminación de la negociación colectiva sectorial, como viene siendo la practica habitual en su actuación en el ámbito de País Vasco, planteando como única alternativa el convenio de empresa, ha procedido a impugnar el convenio de colectividades sosteniendo como argumento principal el cuestionamiento de la actual regulación laboral, que sustentada en el mandato Constitucional, tiene su desarrollo en el actual Estatuto de los Trabajadores. 

Como principal argumento de su demanda sostienen  que ha sido firmado por la patronal representativa del sector a nivel estatal y las organizaciones sindicales más representativas UGT y CCOO con legitimación del 80% de la representación de los trabajadores en este sector, que vulnera principios europeos al no tener en consideración la capacidad que la organización vasca tiene en el ámbito geográfico de las provincias que conforman la CCAA de Euskadi, manifestando además que,  el ámbito autonómico de decisión debe estar por encima del ámbito general del conjunto del Estado. 

Entienden los impugnantes  que las organizaciones con legitimidad en el ámbito estatal (UGT y CCOO), deberían supeditar su capacidad de actuación, reconocida por la Constitución y avaladas por sus resultados electores, a favor de aquellos  que tienen esa misma legitimidad  limitada  a un ámbito geográfico determinado. 

Este planteamiento supone una clara involución del actual sistema de regulación laboral y negociación colectiva conculcando  en consecuencia los principios democráticos de nuestro ordenamiento laboral. 

Resulta más que sorprendente, inquietante, que la organización ELA, quién cuenta con legitimación para estar presente en este espacio de negociación, trasladando sus propuestas, renuncie a participar en el mismo  en una clara manifestación de que le interesa más mantener un planteamiento político predeterminado que atender a los intereses de los trabajadores y trabajadoras entre quienes se encuentran también los que le han otorgado su confianza en los procesos electorales que han tenido lugar en el ámbito geográfico del País Vasco. 

Nuestra postura, como no puede ser de otra forma, es la defensa de la Negociación Colectiva, que bastantes ataques ha sufrido ya por parte de la legislación neoliberal de los últimos gobiernos del Partido Popular para ser además atacada por aquellos que tienen como misión precisamente lo contrario, ampliar la esfera de derechos de todos los trabajadores y trabajadoras independientemente de donde lleven a cabo su actividad laboral.